Operación Sitio y Villa La Reina [1965-1970]

Entre 1940 y 1960 la ciudad de Santiago duplicó su población produciendo una crisis habitacional en la capital. Si bien el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) planteó el desafío de terminar con la escasez de vivienda, su gobierno no tendría ni el dinero ni el tiempo suficiente para lograr su objetivo a través de las políticas públicas tradicionales. Lo que implementaron fue llamado por sus opositores «Operación Tiza»: a mediados de los años sesenta, políticos y planificadores decidieron no construir casas para la gente viviendo en extrema pobreza, sino que hacerlos dueños de un terreno trazado con tiza. Dada la urgencia y falta de dinero, optaron por proveer solo de aquello que la gente no podría obtener por su propia cuenta: diseño urbano, acceso a servicios y equipamientos básicos y la conexión con las redes de la ciudad. A pesar de las dificultades –y no sin errores– en un periodo de cinco años la «Operación Sitio» –nombre formal de esta política pública– entregó cerca de 71 mil sitios a más de 380 mil personas, urbanizando extensas áreas de la periferia del Santiago de la segunda mitad de la década de 1960.

Villa La Reina, en tanto, es un proyecto de autoconstrucción desarrollado en esta época. A diferencia de la «Operación Sitio», este conjunto se desarrolló a escala local, liderado por el arquitecto Fernando Castillo Velasco, alcalde de la comuna de La Reina entre 1964 y 1968. El trabajo colaborativo entre la alcaldía, la comunidad local y la Universidad Católica, fue uno de los aspectos claves de este proyecto. La organización de los pobladores no solo fue relevante en la autoconstrucción de sus viviendas, sino también en el proceso de diseño y en la creación de un barrio integral con espacio público adecuado, provisto de equipamiento educacional, cercano a nuevas fuentes de empleo y conectado con la estructura de la ciudad.

Si bien la «Operación Sitio» y la autoconstrucción parecían estrategias viables para reducir los costos y acelerar los procesos en vivienda, fueron severamente criticadas. En términos de localización se preveía a principios de la década de los setenta que la «Operación Sitio» derivaría en una masiva segregación social. En términos del proceso de autoconstrucción, el gobierno de Salvador Allende optaría por eliminar este tipo de programas, estableciendo que era un proceso ineficiente y que discriminaba a la población de más escasos recursos.

Primera mitad del siglo XX: migraciones y escasez de vivienda

Grandes migraciones hacia las ciudades caracterizaron la primera mitad del siglo xx en Chile. Si en 1907 solo un 38% de las personas vivían en ciudades (1,2 millones de hab.), hacia 1970 este porcentaje se había incrementado a un 71,6 % (6,4 millones de hab.) (Geisse, 1983). Esto se debió en gran medida a las migraciones provenientes del campo y de los campamentos mineros del salitre, que habían entrado en bancarrota¹. Santiago, capital financiera y administrativa del país, atrajo la mayoría de estas migraciones. El resultado fue una enorme escasez de viviendas para mediados de la década del sesenta.

La ciudad de Santiago, desde principios del siglo XX, fue gradualmente transformada en el mayor centro industrial del país. En 1916 el 45% de la inversión pública en infraestructura se concentró en la capital, ciudad en la que vivía solo el 18% de la población del país (Geisse, 1983) (fig. 1). La consecuente generación de empleo hacía de Santiago un atractivo destino para las migraciones. En 1907 la ciudad tenía una población de 300 mil habitantes. En 1940 esta cifra se había incrementado a 950 mil y hacia 1960 el número se había duplicado a 1,9 millones de personas, concentrando en Santiago al 58% de la población urbana del país y produciendo una crisis en la provisión de vivienda. Los pobladores de escasos recursos que llegaban a la capital buscando oportunidades de trabajo y educación no tenían más alternativa que vivir en conventillos o en las llamadas «poblaciones callampa».

↑ Fig. 1 Población total y urbana en Chile entre 1865 y 1970. Gráfico del autor. Fuente de la información: Geisse, 1983, p. 185.

Los conventillos eran viviendas precarias desarrolladas por empresarios, que se arrendaban a la gente de menores ingresos. Consistían en dos hileras de habitaciones que compartían un pequeño callejón. La falta de ventilación, de agua potable y alcantarillado era común en estos conjuntos y el hacinamiento era parte de la vida diaria de estas personas. En 1952 Chile tenía más de 160 mil personas viviendo en cuarenta mil de estas habitaciones (CORVI, 1962) (fig 2). Por su parte, las poblaciones callampa eran asentamientos informales ilegales, establecidos en tierras públicas o privadas, generalmente en espacios degradados de la ciudad. En 1952 cerca de 35 mil viviendas formaban diferentes tomas de terreno en las ciudades del país, la mayoría de ellas en Santiago (CORVI, 1962). El objetivo principal de estas poblaciones era vivir cerca de las oportunidades de trabajo y educación que ofrecían las ciudades (fig. 3).

↑ Fig. 2 Conventillo, c. 1920. Fuente: Montoya, J. Luces de modernidad: archivo fotográfico Chilectra. Enersis, Santiago, 2001. / Fig. 3 Población callampa en el Zanjón de la Aguada, c. 1954. Fotografía: Domingo Ulloa. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

En 1953 se fundó la Corporación de la Vivienda (CORVI) para proveer de soluciones habitacionales al país; en ese año el déficit de viviendas en Chile llegaría a más de 145 mil unidades (CORVI, 1963). La institución abordaría las necesidades tanto de la clase media como de los pobladores de escasos recursos y los proyectos promovidos por esta entidad incluirían desde conjuntos de casas, como la población Salar del Carmen de 1960 –diseñada por Mario Pérez de Arce Lavín y Jaime Besa (fig. 4)– hasta conjuntos de torres y bloques, como la Unidad Vecinal Portales, proyectada en 1958 por la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro (fig. 5).

↑ Fig. 5 Unidad Vecinal Portales, Santiago. Arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro. Fotografía: René Combeau. Fuente: Archivo Sergio Larraín García Moreno, Pontificia Universidad Católica de Chile.

A mediados de los años cincuenta la CORVI comenzó a aplicar estrategias que serían la precursoras de la «Operación Sitio». Los programas de Autoconstrucción y Erradicación consistían en la eliminación de las poblaciones callampa, motivada por el ambiente insalubre en que se encontraban viviendo sus habitantes. CORVI adquiría sitios necesarios para erradicar a los pobladores y les otorgaba el título de propiedad de un nuevo terreno. El lote contenía una pequeña unidad sanitaria de baño y cocina conectada a los servicios básicos. Las viviendas definitivas serían construidas en gran medida por los propios pobladores (CORVI, 1963) (fig. 6).

↑ Fig. 4 Conjunto Salar del Carmen, Antofagasta. Arquitectos Mario Pérez de Arce Lavín y Jaime Besa. Fuente: CORVI, 1963, p. 21. / Fig. 6 Operación San Gregorio, c. 1959. Cerca de 25.000 ex-habitantes de poblaciones callampas de Santiago cooperaron en la construcción de sus viviendas. Se utilizaron sistemas constructivos a base de paneles prefabricados en madera para acelerar el montaje. Fuente: CORVI, 1963, p. 99.

La autoconstrucción surgió informalmente en diversos países latinoamericanos durante los cincuenta y sesenta. Estas poblaciones fueron llamadas «barriadas» en Perú, «villas miseria» en Argentina, «favelas» en Brasil, y «poblaciones callampa» en Chile². El arquitecto John Turner estudió en terreno el proceso de autoconstrucción y lo promovió internacionalmente como una solución factible ante el problema habitacional de las personas viviendo en extrema pobreza. De acuerdo a sus observaciones en Lima, la estrategia tras la autoconstrucción era más apropiada que las que soluciones otorgadas por gobiernos o empresas privadas. En primer lugar, se trataba de una solución más económica que la provista por la vía tradicional. Los pobladores proveían la fuerza laboral para la construcción de casas que respondían de forma más precisa a sus necesidades, y no a viviendas tipo. Finalmente, durante el proceso se generaban las primeras redes sociales necesarias para el futuro desarrollo de los conjuntos. Turner argumentaba de todas formas que instituciones públicas debían apoyar estas construcciones a través de apoyo técnico, urbanización de los sitios, provisión de terrenos y materiales para la construcción (Turner, 1976; Turner y Fichter, 1972).

El derecho a la vivienda en el gobierno de Eduardo Frei Montalva

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva la vivienda se definió como «un bien de primera necesidad al que tiene derecho toda familia… cualquiera sea su nivel socio-económico” (Haramoto, 1980, p. 29). Siguiendo este planteamiento, el Estado ayudaría económicamente a las familias de escasos recursos que no pudieran acceder a una vivienda. En el caso de las personas viviendo en extrema pobreza, el Estado no financiaría el total de la vivienda, sino que haría parte a los pobladores de un proceso de autoconstrucción de sus propios conjuntos habitacionales. Se buscaba integrar a esta población a las redes de la ciudad, evitando que continuaran viviendo en asentamientos informales, ineficientes en su distribución espacial e insalubres dada la precariedad de las viviendas y a la ausencia de servicios como agua potable y alcantarillado. Bajo esta lógica sería promovida la «Operación Sitio».

En 1965 se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), responsable, entre otras funciones, de elaborar los planes de vivienda y desarrollo urbano. Los programas elaborados en este tiempo no pretendían reducir la crisis habitacional a un problema de escasez de viviendas, sino que tuvieron por objetivo la edificación de conjuntos integrales; de esta forma se planificó la construcción de los equipamientos necesarios para el desarrollo social. Colegios, centros de salud, canchas deportivas, entre otras infraestructuras, fueron comprendidas como parte del problema habitacional (Palma y Sanfuentes, 1979). La CORVI, en tanto, pasó a ser una institución dependiente de este ministerio y limitó sus responsabilidades a la construcción de las viviendas públicas.

El programa de vivienda entre 1964 y 1970 apuntaba a construir sesenta mil unidades por año, es decir, 360 mil viviendas definitivas (Haramoto, 1980). A mediados de los sesenta la familia chilena promedio era de 5,4 personas, es decir, si se quería terminar con la crisis en vivienda, se necesitaba construir una ciudad para cerca de dos millones de personas en un periodo de seis años. De estas viviendas, 213 mil correspondían a sectores de bajos recursos. La situación empeoró tras las fuertes tormentas de 1965 que tuvieron devastadoras consecuencias en la zona central: la presión social por vivienda creció fuertemente y se hacían necesarias medidas fuera de las tradicionales para dar respuesta al problema de la escasez, en un corto espacio de tiempo y con un presupuesto acotado.

De la Operación Sitio a la Operación Tiza

La «Operación Sitio» surgió en 1965 como una política de emergencia ante a los daños causados por los temporales, pero tan solo dos años después, a través del Plan de Ahorro Popular, se convertiría en una vía formal para dotar de acceso a la vivienda a la población de menores ingresos. El programa consistía básicamente en la entrega de créditos para la compra de lotes unifamiliares, urbanizados y conectados a la ciudad, donde los pobladores autoconstruirían sus viviendas. Siguiendo los postulados del MINVU, estos conjuntos se planificarían con el debido equipamiento educacional, recreativo y de salud. Entre los años 1965 y 1970, cerca de 71 mil sitios fueron entregados, beneficiando a más de 380 mil personas (Garcés, 2002, p. 308). Sin embargo, la calidad de los sitios urbanizados era dispar, con lo que pobladores y opositores a esta política pública la comenzaron a llamar «Operación Tiza», dado que en algunos casos las entregas no superaban más que un lote trazado con ese material.

Hacia 1962 los informes de la corvi indicaban que un 76% de la inversión en vivienda definitiva se gastaba en la construcción de las edificaciones, mientras que el terreno significaba un 5% y el costo de la urbanización un 19% de la inversión total (CORVI, 1962; CORVI, 1963). De esta manera, el proceso de autoconstrucción reduciría la inversión inicial, permitiendo entregar una solución a los pobladores de escasos recursos que no tenían la posibilidad de lograr el ahorro mínimo para acceder a una vivienda definitiva por la vía tradicional. La «Operación Sitio», por tanto, permitía acelerar los procesos de distribución de terrenos, masificando el acceso a la vivienda a través de la construcción incremental por parte de sus pobladores.

El «Plan de Ahorro Popular» consistía en cinco opciones³, siendo la primera y más básica la correspondiente a la «Operación Sitio». Se trataba en una primera etapa de la entrega de un lote de 160 m² que, en el mejor de los casos, podría tener una mediagua⁴ ubicada al fondo del lote. La urbanización se reducía a calles ripiadas y soleras, redes de agua potable en pilones y redes eléctricas de distribución y alumbrado. El equipamiento se definía como una escuela, centros comunitarios, locales comerciales y áreas libres. En la segunda etapa se completaría la urbanización con la instalación de servicios de alcantarillado, agua potable y electricidad. La construcción de la vivienda definitiva sería de responsabilidad del poblador (Labadía, 1970).

La CORVI cumplía con la función de proveer los terrenos necesarios para desarrollar las operaciones. Las poblaciones construidas entre 1966 y 1970 se distribuyeron de forma homogénea en las comunas periféricas de la capital, en su mayoría en torno al anillo de Américo de Vespucio, vía intercomunal que para entonces hacía posible esta expansión de la ciudad (Palmer y Vergara, 1990) (fig. 7). En estos conjuntos el diseño urbano se redujo al mínimo para lograr la mayor eficiencia económica. El objetivo era distribuir la mayor cantidad de lotes y espacios públicos en la menor área posible, maximizando además la cantidad de sitios que serían servidos por las calles que enfrentan. De esta forma la mayor eficiencia se lograba a través de un lote rectangular que tuviese el menor frente posible hacia la calle, para que un mayor número de casas se pudiesen conectar a las redes de alcantarillado y electricidad, disminuyendo la inversión en construcción de metros lineales de urbanización (fig. 8-13).⁵

↑ Fig. 7 Ubicación de las Operaciones Sitio construidas entre 1965 y 1970 sobre el plano de Santiago de 2010. Gráfico del autor. Fuente de la información: Hidalgo, 2005, p. 293. / Fig. 8 Planta Operación Sitio: Población Conchalí, 1965-66. Escala 1: 10.000. Fuente: Haramoto, 1985, p. 84-85.

↑ Fig. 9 y Fig. 10 Operación Sitio: Población Conchalí, 1965-66. 450 viviendas fueron construidas por 2.000 personas junto a empresas privadas que proveían sistemas prefabricados de placas y pilares de hormigón para algunas casas, y pino y yeso-cartón para otras. Fuente fotografías e información: Haramoto, 1985, p. 84-85.

↑ Fig. 11 Planta Operación Sitio: Población El Bosque, 1970. Escala 1: 10.000. Fuente: Haramoto, 1985, p. 88-89.

↑ Fig. 12 y Fig. 13 Operación Sitio: Población El Bosque, 1970. 744 viviendas para 2.976 personas. Haramoto, 1985, p. 88-89.

Algo relevante de la «Operación Sitio» es que no consideraba solo la construcción de viviendas, sino que incluía –al menos en plan– la construcción de colegios, centros de salud, áreas deportivas, espacio público y zonas comerciales, entre otras infraestructuras. El sistema de prefabricación se ensayaría para la construcción de escuelas, mientras que el Ministerio de Educación estudiaría la dotación de profesores (Garcés, 2002). El mayor problema fue que el prometido equipamiento no fue construido en todos los casos (Hidalgo, 2005). No será sino hasta la década de los ochenta y en adelante, que los distintos gobiernos mejorarán paulatinamente las condiciones urbanas en que se encontraban estos conjuntos.

La «Operación Sitio» recibió severas críticas no solo porque el proceso de autoconstrucción se consideraba como discriminatorio hacia la gente con menos recursos, sino también por su localización. Autores como Manuel Castells (1971) argumentaban, ya a principios de los setenta, que este era el comienzo de una masiva segregación social. Este hecho se incrementó exponencialmente dadas las políticas públicas adoptadas en las siguientes décadas y que continuaron la expansión de las operaciones Sitio a través de paños socialmente homogéneos y desprovistos –en muchos casos hasta el día de hoy– de los equipamientos, infraestructuras y servicios mínimos para el desarrollo de las personas: educación, salud, empleo, comercio y áreas verdes, entre otros.

Un caso ejemplar

La Villa La Reina6 es un barrio de 1.592 casas construido completamente por sus pobladores: desde las viviendas hasta las áreas verdes, colegios, iglesias y espacios públicos, incluyendo calles, redes de alcantarillado y agua potable. Es de los mayores programas de autoconstrucción asistida de la década del sesenta, no solo en Chile sino en todos los países en desarrollo. El trabajo colaborativo entre la alcaldía, los pobladores y la Universidad Católica, diferencia a la Villa La Reina de los conjuntos construidos por la «Operación Sitio» o por posteriores programas como el de Sitios y Servicios⁷ que, desarrollados por gobiernos nacionales, se alejaban de los problemas locales de las comunidades. En esta tarea colaborativa fue relevante la participación del arquitecto Fernando Castillo Velasco, quien siendo alcalde de la Municipalidad de La Reina, profesor y posterior rector de la Universidad Católica, logró convocar a instituciones políticas y académicas con las necesidades y expectativas de una comunidad de pobladores que se organizaba para obtener su derecho a la vivienda.

La creación de la comuna de La Reina: tensiones sociales y segregación

Durante la década de 1950 la comuna de Ñuñoa crecía rápidamente con la llegada de diversas clases sociales, en su mayoría provenientes de sectores de ingresos medios y altos. Su cercanía a las comunas centrales de Santiago, donde se concentraban las mayores fuentes de empleo y comercio, atraía a la población a construir sus viviendas en esta zona. Por contraparte y, rápidamente, comenzaron a surgir áreas de industrias y servicios, proliferando de esta manera el empleo y atrayendo a esta comuna a pobladores de escasos recursos quienes comenzaron a habitar, ilegalmente, terrenos públicos o privados.

Con el tiempo, la tensión social entre los distintos vecinos de la comuna de Ñuñoa comenzó a incrementar. Los sectores socioeconómicos altos y medios, que en su mayoría habitaban el área precordillerana, comenzaron a exigir un trato distinto por parte de la alcaldía. Sus exigencias escalaron hasta la presidencia de Alessandri, quien en 1963 decidió separar definitivamente este sector del resto de la comuna de Ñuñoa, fundando la Municipalidad de La Reina. Este no fue el único acto de segregación. Óscar Castro, primer alcalde de la comuna, tramitó un decreto por el cual se cercarían los terrenos ocupados por habitantes ilegales, forzando su salida y evitando que nuevas tomas se produjeran en la comuna (San Martín, 1988).

En 1964 el presidente Eduardo Frei Montalva designó como alcalde de La Reina a Fernando Castillo Velasco, también militante del partido de la Democracia Cristiana. Las primeras acciones de su alcaldía tenían por objetivo, por una parte, eliminar la segregación impuesta en los años anteriores y, por otra, promover un desarrollo social para la comuna. Es así como derogó el decreto impuesto por Castro y comenzó a elaborar un Plan de Desarrollo Comunal en conjunto con la Universidad Católica⁸. Fernando Castillo estableció durante su administración las bases para un desarrollo inclusivo e integral siendo partícipes todos los niveles socioeconómicos, incorporando actividades industriales, institucionales y culturales en una zona de la ciudad que en principio se perfilaba como una comuna dormitorio. En sus propias palabras, «un día me encontré que había 1.600 familias que no tenían casa, que vivían a orillas del canal San Carlos, en sitios baldíos. Los convoqué y les dije ustedes son vecinos de la comuna, tienen los derechos de cualquier vecino; era gente de extrema pobreza, y les dije que yo me comprometía a hacer todo lo posible por que ellos fuesen propietarios» (Cociña, Quintana, Valenzuela, 2009, p. 127). De esta forma, los pobladores que habitaban ilegalmente paisajes degradados de la comuna, pudieron acceder a una casa. La incorporación de vivienda popular dentro del plan de desarrollo fue fundamental para la incorporación de otros usos de suelo en el sector (Castillo, 2013).

La construcción de Villa La Reina surgió como una vía para que la gente en extrema pobreza pudiese continuar viviendo en la comuna y no fueran erradicados a lugares distantes donde perderían las redes sociales y de trabajo que habían creado durante los últimos años. Así, el primer objetivo de la alcaldía era encontrar un terreno asequible para la municipalidad donde poder radicar a los pobladores. Por otra parte, dada la escasez de recursos, la autoconstrucción a través de la organización de la comunidad local aparecía como una solución factible para reducir los costos de inversión.

Localización: conexión con los recursos de la ciudad.

El área seleccionada para implementar parte del Plan de Desarrollo Comunal y la consecuente construcción de la villa fue el fundo La Reina que se encontraba en el centro de la comuna. El terreno, una antigua zona agrícola prácticamente inactiva, contaba con 220 ha pertenecientes al Servicio de Seguro Social. Fernando Castillo, luego de reuniones con distintas instituciones y políticos, entre ellos el entonces senador Salvador Allende, logró adquirir los terrenos a un bajo costo (Castillo Velasco, 2008, p. 25; Cociña, Quintana, Valenzuela, 2009, p. 127). Se especificaba en la compra que un 20 % del total debía destinarse a los pobladores en situación inestable (Alvarado, 1967).

El Plan de Desarrollo Comunal establecía la construcción de un parque industrial constituido por cerca de cien industrias ligeras y pequeñas empresas compatibles con el desarrollo de viviendas (Eliash, 1990). De esta forma, la Villa La Reina se ubicaría vecina a una fuente de empleo que podría dar trabajo al menos a la primera generación de habitantes del conjunto. El acceso de los pobladores a esta nueva fuente de trabajo reduciría de manera importante una de las mayores inequidades urbanas de las que sufren los desarrollos tradicionales de vivienda social, tanto en Chile como en el mundo.

Si bien La Reina es una comuna periférica dentro de Santiago, la villa se ubicó junto a Av. Larraín⁹, vía intercomunal que conecta al municipio con el anillo vial de Américo Vespucio y con las comunas más céntricas de la capital. Por otra parte, con el paso del tiempo y gracias a la debida planificación, este sector se ha convertido en un subcentro comunal anexando múltiples equipamientos culturales, deportivos, educacionales, institucionales y de salud. Sumado a esta variedad programática, la comuna ha mantenido una diversidad socioeconómica que la diferencia de los extensos paños aislados y socialmente homogéneos que se crearon por el abuso de la «Operación Sitio» en comunas como Pudahuel, en los terrenos que actualmente conforman la comuna de Cerro Navia.

Diseño urbano: las bases para la construcción incremental de un barrio.

El diseño participativo realizado por profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica con los futuros pobladores de Villa La Reina, logró introducir mejoras a un diseño urbano que perseguía los mismos objetivos de eficiencia económica que aquellos desarrollados por la «Operación Sitio» (fig. 14). En este caso no se trató de un diseño urbano dedicado exclusivamente a la distribución eficiente de lotes, sino también de una adecuada distribución y diseño de calles, pasajes peatonales, bulevares, plazas y la designación de los terrenos para zonas comerciales, colegios y mercados, entre otros equipamientos. Uno de los objetivos de los talleres académicos realizados por los profesores Fernando Castillo Velasco y Mario Pérez de Arce Lavín con los pobladores, era que el diseño de la villa no tuviera los problemas de las poblaciones de la época, sino que fuera «un barrio más», integrado con la ciudad (San Martín, 1992; Castillo, 2013). El resultado de estos talleres fue continuado por el arquitecto Renato Parada. Relevante en los procesos de gestión, diseño y construcción es la figura del arquitecto Eduardo San Martín, Director de Obras de la Municipalidad durante esos años.

Villa La Reina no estaría constituida solo por casas, sino que contaría además, entre otros equipamientos, con un colegio, construido el primer año (fig. 15) y zonas comerciales. Estos espacios comunitarios se ubicaron contiguos a Av. Larraín, principal calle de la comuna, como puertas de acceso a la villa, con el objetivo de tener una mejor relación entre el barrio y el contexto urbano inmediato de la ciudad (San Martín, 1988). Otros equipamientos como mercados e iglesia, también autoconstruida por los pobladores, se ubican al interior de la villa junto a su calle principal.

↑ Fig. 14 Planta de la Villa La Reina. Escala 1: 10.000. Fuente: Haramoto, 1985, p. 87. Redibujo del autor. / Fig. 15 Colegio Villa La Reina. Fuente: Alvarado, 1967, p. 34.

En términos de espacio público, arquitectos y pobladores deciden evitar grandes plazas cuadradas, las que generalmente se convierten en espacios deteriorados y focos de delincuencia. Al contrario, se introducen pequeñas plazoletas distribuidas junto a casas y pasajes peatonales al interior de la villa. La principal área verde sería una ancha vereda arbolada que se ubica a lo largo de la calle principal del barrio, la que concentra el transporte urbano y los mayores costos de urbanización (San Martín, 1988). Esta faja verde distancia a las casas de la calle, mientras que su ancho es posible de ser mantenido por los propios vecinos. Estos espacios públicos son relevantes dado que son las expansiones naturales de las viviendas, facilitando además la interacción de sus habitantes. La cohesión social y la identidad urbana son relevantes en el cuidado y progreso del barrio.

La definición de las viviendas y su distribución son parte del resultado de los talleres académicos y del trabajo de pobladores y arquitectos de la municipalidad. Los primeros dos diseños son rechazados por la comunidad por ser casas demasiado pequeñas (Alvarado, 1967). Los bloques continuos con viviendas pareadas, similares a los de la Operación Sitio, tampoco son aceptados dado que los pobladores aspiraban a casas individuales. Por este motivo es que los lotes están girados respecto de las calles que enfrentan (fig. 16), con el objetivo de traslapar y separar unas viviendas de otras (Castillo, 2013). Las casas se definieron en 36 m², con dos dormitorios, un estar-comedor, cocina y baño. Los lotes (fig. 17) de 165 m², serían de 7,5 metros de frente por 22 metros de fondo (Alvarado, 1967). Las casas se construirían al frente del sitio ocupando casi todo su ancho, con el objetivo de mantener un cierto orden construido en la fachada que da a la calle. El patio trasero, en tanto, se plantea como un espacio disponible para futuras ampliaciones.

↑ Fig. 16 Viviendas de la Villa La Reina, c. 1967. Fuente: Alvarado, 1967, p. 36. / Fig. 17 Planta y elevación viviendas de la Villa La Reina. Escala 1: 500. A la izquierda del plano la vivienda original. A la derecha la ampliación propuesta en el fondo del sitio. Fuente: Haramoto, 1985, p. 87. Redibujado por el autor.

Autocronstrucción: organización y desarrollo social

A comienzos de 1965 los pobladores comienzan a organizarse en la que será la «Federación de Pobladores», formada por 1.600 familias reunidas en 16 comités, quienes están a cargo de la urbanización y construcción de sus propias casas. Colectivamente definen sus estatutos, estableciendo, entre otras cosas, que una o dos personas por familia trabajarían solamente en días sábados, domingos y festivos, de modo de no afectar los empleos regulares de las personas. Las distintas familias trabajarán sin saber cuál será su vivienda definitiva hasta que el conjunto esté terminado. La distribución de casas se hará por medio de puntajes que las familias van acumulando según su desempeño en la construcción y administración de la obra. La asistencia técnica es provista en un principio por la Municipalidad y luego se suma el instituto de formación técnica INACAP; alumnos de Construcción Civil de la Universidad Católica colaboran con el seguimiento de la obra. En mayo de 1966 los pobladores construyen la casa piloto y en agosto del mismo año comienzan la edificación de todo el conjunto (Alvarado, 1967).

El proceso de autoconstrucción se planteó tanto como una oportunidad para que los pobladores puedan aprender nuevas herramientas de trabajo, como también para la conformación de empresas gestionadas por los propios vecinos. De esta forma, INACAP realizó semanalmente cursos de capacitación para jefes de obra y ayudantes. Las autoridades municipales, por su parte, fomentaron que la comunidad estableciera sus propias industrias y así comenzó la instalación de fábricas de ventanas y puertas, planchas de yeso, tubos de alcantarillado, pavimentos prefabricados y armado de cerchas. Con la tierra del lugar se fabricaron sus propios ladrillos (fig. 18-22). Si bien son empresas que surgen para construir sus propias casas y urbanizar su barrio, producen excedentes de materiales que venden a otros conjuntos de vivienda de Santiago, a la vez que se involucran en la construcción de otras obras de la comuna como bancos y supermercados, e incluso el Parque Industrial vecino a la villa (Alvarado, 1967; Haramoto, 1980; San Martín, 1988; San Martín, 1992).

↑ Fig. 18 Fernando Castillo Velasco durante la construcción de las viviendas. Fuente: Castillo Velasco, 2008, p. 32. / Fig. 19 Fabricación de los ladrillos con tierra del lugar, c. 1967. Fuente: Alvarado, 1967, p. 39.

↑ Fig. 20 y Fig. 21 Mujeres y hombres construyendo sus futuras casas, c. 1967. Fuente: Alvarado, 1967.

↑ Fig. 22 Mujeres y hombres construyendo sus futuras casas, c. 1967. Fuente: Alvarado, 1967.

La autoconstrucción se establece en Villa La Reina como una forma de crear sentido de pertenencia y compromiso con el proyecto, además de asentar las confianzas de los pobladores en sus propias capacidades (Márquez, 2006). Si bien surgió como una estrategia técnica para reducir los costos de inversión, se convirtió en una vía de integración social de los pobladores de escasos recursos tanto a la economía nacional como a los ámbitos de decisiones políticas para el desarrollo de su entorno social y construido, superando de esta forma la marginalidad en que se encontraban (San Martín, 1992; Castillo Velasco, 2008; Zerán, 1998).

El derecho a la vivienda digna. Gobierno de Salvador Allende

Salvador Allende, al igual que Eduardo Frei Montalva, estableció durante su gobierno (1970-1973) que la vivienda sería un derecho irrenunciable de la población, pero a diferencia de la administración anterior, agregó que «es obligación del Estado proporcionar vivienda a su Pueblo y ella no puede ser objeto de lucro» (Haramoto, 1980, p. 33). La nueva postura del gobierno apuntaba a la entrega de viviendas definitivas, eliminando de esta forma los programas de autoconstrucción y de vivienda incremental. La «Operación Sitio» fue criticada durante este periodo argumentando la reducida calidad de la solución entregada y la deficiente participación de los afectados en los procesos de diseño y gestión de sus viviendas (Hidalgo, 2005). La autoconstrucción, por su parte, era entendida como un retraso en la ejecución de las obras e ineficiente en el uso de los recursos económicos (Palma y Sanfuentes, 1979). Las nuevas políticas adoptadas por el gobierno socialista debilitaron el apoyo estatal a Villa La Reina, a la vez que las dinámicas sociales se fragmentaron y politizaron (Márquez, 2006). Sin embargo, los trabajos de autoconstrucción en la villa no se detuvieron, en gran medida, gracias a lo avanzado que se encontraba el conjunto y a que las organizaciones sociales no quisieron modificar su estructura de trabajo (San Martín, 1988).

Los asentamientos informales continuaron aumentando en la capital, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Salvador Allende por reducir la crisis en vivienda. Las tomas ya se venían incrementando desde el gobierno de Frei, pasando de cuatro tomas en 1968 a 104 en 1970, con una población aproximada de 350 mil personas. Para 1973, la cantidad de gente viviendo en campamentos llegó a quinientos mil (De Ramón, 1990).

La vivienda como bien de consumo. Dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

Con la llegada de Augusto Pinochet al poder, la vivienda deja de ser un derecho irrenunciable de las personas y pasa a ser «un derecho que se adquiere con el esfuerzo y el ahorro» (Haramoto, 1988, p. 35). En los setenta y ochenta, y a medida que se adopta un modelo económico neoliberal, el Estado comienza a cumplir un rol subsidiario respecto de la vivienda social y son empresas privadas las encargadas de encontrar los terrenos para realizar las nuevas construcciones. Bajo esta lógica es que en 1979 se liberaliza el mercado de suelos, argumentando que con el aumento en la cantidad de terrenos disponibles disminuirían los precios y se haría factible la construcción de más viviendas sociales, hecho que no ocurrió (Hidalgo, 2005).

La segregación social que había germinado con las operaciones Sitio fue incrementada fuertemente luego de la liberalización del mercado de tierras. La especulación que trajo esta medida aumentó considerablemente el valor de los suelos céntricos de la capital, afectando particularmente a las poblaciones informales que se ubicaban en estos terrenos. Se implementó una política de erradicación de campamentos que desplazó a estas comunidades desde el centro de la ciudad hacia la periferia, concentrando la pobreza en comunas que no contaban con los equipamientos de salud, educación o empleo necesarios para el desarrollo. Entre 1979 y 1985 se relocalizaron más de 170 mil personas, expandiendo Santiago a un ritmo de 3.000 ha anualmente (Hidalgo, 2004). Durante este tiempo los dirigentes de Villa La Reina fueron perseguidos, las industrias vecinales clausuradas y las organizaciones disueltas (San Martín, 1988; Márquez, 2006). Las pocas casas que quedaban por construir hacia 1973, ubicadas al oriente del conjunto, fueron terminadas individualmente por los pobladores con algo de apoyo de la administración (Castillo, 2013, p. 98).

La informalidad escondida

Las migraciones a la capital en búsqueda de trabajo y oportunidades educacionales seguían creciendo durante las décadas de 1970 y 1980. La formación de nuevas poblaciones informales estaba prohibida y las ciudades eran severamente controladas por militares. La gente, ante la escasez de viviendas sociales y ante la imposibilidad de establecer campamentos, comenzó a densificar las pequeñas soluciones habitacionales provistas en años anteriores por las operaciones Sitio y demás políticas habitacionales. Una familia podía recibir en su propiedad a otras dos o tres familias como allegados. Comenzó una fuerte densificación de los barrios de escasos recursos. La descrita segregación social seguía aumentando, ahora por hacinamiento, y las necesarias infraestructuras o conexiones con los recursos de la ciudad seguían sin ser construidos.

Villa La Reina no fue la excepción a este proceso de densificación. Con el tiempo se comenzaron a construir ampliaciones de material ligero en los patios traseros, las que han ido mejorando y se han hecho permanentes. De esta forma y con el paso de los años, los pobladores originales han ido recibiendo a las familias de sus hijos y otros allegados (Castillo, 2013) (fig. 23). Los datos socioeconómicos muestran que en Villa La Reina, hacia el año 2002, cerca de un 40% de los pobladores que seguían viviendo en la villa habían dejado la extrema pobreza para ser parte de la clase media. De acuerdo a lo investigado por Francisca Márquez, entre los años 2006 y 2009, a partir de las segundas generaciones se han observado procesos de movilidad social y profesionalización, pero quisieron permanecer viviendo en la misma comuna (fig. 24-29).

↑ Fig. 23 Esquema de ampliación de las viviendas de Villa La Reina, desde la casa original hasta el cierre del antejardín y ampliaciones en el patio y en segundo piso. Fuente: dibujo del autor.

↑ Fig. 24 Viviendas originales sin ampliaciones, 2014. Fotografía: Stephannie Fell. / Fig. 24 Viviendas ampliadas en segundos pisos. Fotografía: Stephannie Fell.

↑ Fig. 26 Vereda ancha con los árboles plantados hace más de 40 años, 2014. Fotografía: Stephannie Fell. / Fig. 27 Pasajes interiores de la Villa, 2014. Fotografía: Stephannie Fell.

↑ Fig. 28 Helena, fundadora de Villa La Reina, vive en la casa piloto (construida en mayo de 1966), 2014. Fotografía: Stephannie Fell. / Fig. 29 José Ramón, fundador, poblador y constructor de Villa La Reina, frente a su casa, 2014. Fotografía: Stephannie Fell.

Urbanizando con tiza

Ante la urgencia y falta de recursos, la estrategia tras la «Operación Sitio» y Villa La Reina buscaba resolver la crisis de vivienda entregando a las personas lo básico que no podrían obtener por sí solas. La población viviendo en extrema pobreza y de forma ilegal sería dueña de un terreno y, ya sin el temor de ser expulsada, podría mejorar progresivamente tanto su vivienda como su entorno urbano. Si el sitio le era entregado donde ya habitaba, podía mantener las redes sociales y de empleo que había generado anteriormente. El acceso a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado mejoraría la calidad de vida de los pobladores. El diseño urbano, por sencillo que fuese, mantendría un cierto orden en el desarrollo de los conjuntos, evitando la ineficiencia, insalubridad e inseguridad que suelen tener los asentamientos informales que se generan de forma espontánea (United Nations Human, 2003). Se planificaría además la construcción de equipamientos comunitarios como colegios, canchas deportivas, áreas verdes, zonas comerciales y centros de salud, entre otros, que promoverían el desarrollo social. El terreno, al estar inserto y conectado con la ciudad, otorgaría la posibilidad a los pobladores de acceder a las oportunidades de empleo que se generan en los centros urbanos. El proceso de autoconstrucción dotaría de nuevas herramientas profesionales a la población, a la vez que el trabajo colectivo fomentaría la creación de una identidad de barrio, de nuevas redes sociales y de ayuda mutua.

Las grandes migraciones urbanas siguen siendo un problema hoy en día, tal vez no en Chile, pero sí en el resto del mundo. En la última década las ciudades en Asia, África y Latinoamérica sumaron, respectivamente, 880 mil, 230 mil y 150 mil nuevos habitantes semanalmente (United Nations, 2012, p. 29). Estrategias similares a las de la «Operación Sitio» se continúan implementando en países como Paquistán e India para evitar la formación de poblaciones informales. Es de esperar que se repliquen los aciertos y no los errores.

Publicado en

ARQ 86 | Proyecto social
Mayo 2014

Artículo realizado por

Francisco Quintana. Arquitecto y Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010; Master in Design Studies: Urbanism, Landscape, Ecology concentration, Harvard University, 2014. Becario Fulbright, 2012-2014. A partir de 2005 su trabajo se ha vinculado a la labor editorial: es fundador y codirector de Cientodiez, Barqo y Volúmenes Independientes y coeditor del libro Agenda Pública: Arquitectura > Ciudad > Desarrollo (2009).

Notas

1 En 1930 la agricultura daba trabajo al 37,5% de los chilenos. En 1970, luego de la industrialización del área, esta cifra se redujo al 25% de la población. Por su parte, los campamentos salitreros del norte habían atraído hacia 1920 a más de 65 mil personas, quienes luego de la quiebra de las mineras migraron en su mayoría al centro del país (Geisse, 1983).

2 En Río de Janeiro el 20 % de la población vive en favelas actualmente, mientras que las áreas urbanas informales en Caracas y Lima alcanzan el 60 % y 70 % respectivamente (Jáuregui, 2009).

3 Las cinco opciones del Plan de Ahorro Popular correspondían a (1) sitios semiurbanizados, (2) sitios con urbanización completa, (3) viviendas básicas de autoconstrucción, (4) viviendas construidas de 45 m² de un piso, y (5) departamentos en edificios de 4 pisos (Labadía, 1970, p. 429).

4 Estructura monolocal de madera de 18 m², usada comúnmente en Chile como vivienda de emergencia.

5 El libro El lote 9 x 18 en la encrucijada habitacional de hoy, de Montserrat Palmer y Francisco Vergara, presenta una acabada investigación arquitectónica de las urbanizaciones realizadas por las poblaciones construidas en Santiago entre 1959 y 1988.

6 La reconstrucción más acabada de la historia de Villa La Reina, desde su gestación hasta la década de 2000, es la recopilada por María José Castillo Couve en los cuadernos de investigación de su tesis de doctorado de 2013. (Ver también Alvarado, 1967; Castillo Velasco, 2008; Eliash, 1990; Márquez, 2006; San Martín, 1988; San Martín, 1992; Zerán, 1998).

7 El programa de Sitios y Servicios fue promovido y financiado en las décadas de los setenta y ochenta por el Banco Mundial en diversos países en desarrollo en Latinoamérica, África y Asia. El programa, al igual que la «Operación Sitio», consistía en la provisión de terrenos urbanizados a la población de menores ingresos de cada país.

8 En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica «los alumnos Enrique Browne, Carlos Buchholtz, Sven Jacob y Nicolás Manase desarrollan el plan en el marco de un seminario académico bajo la supervisión del profesor Nicolás García y el profesor y alcalde Fernando Castillo Velasco” (Castillo, 2013, p. 89).

9 Específicamente la Villa La Reina se ubica entre las calles Larraín, Diputada Laura Rodríguez, Talinay y Cordillera.

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